A golpe de sentencia judicial, deteriorando servicios y malgastando recursos públicos en pleitos perdidos parece ser la estrategia de Gobierno de PP y C’s. Al menos, eso es lo que se deduce de lo sucedido con las escuelas de 0 a 3, un ámbito donde el bipartito inauguró el curso escolar con toda una declaración de intenciones: el despido de 21 trabajadoras de Educación Infantil.
A principios de septiembre el Gobierno local anunciaba esta medida que dejaba en la calle a una veintena de profesionales y con una merma más que significativa de personal en las escuelas de 0 a 3. A la vez, desaparecía la pareja educativa en estos centros, una figura implantada en el mandato anterior y que permitía a las trabajadoras dar una atención adecuada a niñas y niños. Este despido colectivo ha supuesto una vulneración de los derechos laborales y el deterioro de un servicio altamente demandado por las familias: en septiembre, 481 quedaban en lista de espera para acceder a los diversos centros de 0 a 3. Además, andado el curso, escuelas y familias denunciaban que, aunque había plazas disponibles en algunas escuelas, no era posible admitir a más alumnado al no contar con personal suficiente para atenderlo.
El resultado ha sido que las escuelas y las trabajadoras en activo han tenido que recurrir a una bolsa de horas extras que se ha disparado en estos meses. Mientras tanto, el bipartito ha denegado permisos de reducción de jornada a trabajadoras de las escuelas infantiles para atender a hijos menores de tres años “por necesidades del servicio”.
Las trabajadoras despedidas han luchado por sus derechos y los tribunales ya les están dando la razón: una de las sentencias incluso declaró el despido nulo y tildaba de “represalia” la medida tomada por el Gobierno de PP y C’s. Otros siete despidos han sido declarados improcedentes y el goteo de sentencias sigue. El bipartito, en vez de rectificar, lo que ha hecho es asegurar que admitirá a las trabajadoras cuyas sentencias declaren el despido nulo o improcedente. Curiosa manera de gestionar un servicio público: en vez de currículums pedirán fallos judiciales.