La PAH y Asturias Acoge alertan sobre familias sin hogar expulsadas por sus caseros sin procedimiento judicial
Oviedo no se libra de los “desahucios invisibles”, aquellos que afectan a la parte más vulnerable de la sociedad, familias que vivían de alquiler sin un contrato de arrendamiento o en habitaciones realquiladas. Al perder sus ingresos con la crisis sanitaria no han podido hacer frente al pago de la renta y se han quedado en la calle. Dos de las organizaciones sociales que trabajan por la defensa y cuidado de los ovetenses, como son la Plataforma Antidesahucios y Asturias Acoge, han alertado de la situación. “Se incrementan alarmantemente estos denominados desahucios invisibles de familias expulsadas de sus hogares sin procedimiento judicial, a quienes ni el Ayuntamiento de Oviedo ni la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar facilitan un alojamiento siquiera provisional, y que están condenadas a sobrevivir a la intemperie. Una tragedia social y personal agravada aún más por el riesgo sanitario que conlleva”, denuncian.
Las organizaciones lamentan que la suspensión de los desahucios decretada por el Gobierno de España no alcance a proteger a estas familias, cuya única alternativa es vivir en la calle. Aseguran que las ayudas al alquiler del Gobierno de Asturias solo alcanzan para dar cobertura a 400 hogares y que, además, son excluyentes. “Dejan fuera a las personas inmigrantes y a aquellas que no disponen de ordenador o de conexión a Internet. El límite de ingresos familiares mensuales se ha situado en 400 €, cuando ése es el coste medio de un alquiler en Asturias. Y los denominados microcréditos para el pago de la renta, después de más de un mes de haber sido anunciados por el Gobierno de España en el Boletín Oficial del Estado, aún no están disponibles”, lamentan.
Por este motivo, PAH Oviedo y Asturias Acoge “exigen al Ayuntamiento y al Gobierno del Principado, ante la saturación del albergue provisional instalado en la Residencia Juvenil de El Cristo, que amplíen los recursos para facilitar un alojamiento digno y estable a todas las familias que, a pesar de la suspensión de los desahucios, están siendo expulsadas de sus hogares. Resulta además urgente aprobar medidas efectivas que protejan el derecho de todas las personas, sin exclusiones, a disfrutar de una vivienda digna y segura”.