El PP, además de restituir los nombres franquistas de las calles de Oviedo con una velocidad inusitada, como si recién estuviera finalizada la guerra civil, también continúa con otra de sus estrategias políticas tradicionales, caso de las denuncias judiciales, esto es, lo que comúnmente se denomina judicialización de la política, para trasladar a los tribunales lo que debería ser un debate democrático.
A pesar de acumular cientos de casos de corrupción investigados en los tribunales durante la última década (desde la caja B sobre su financiación irregular, hasta decenas de adjudicaciones de obras y privatizaciones en toda la España del ladrillo), el Partido Popular hostiga a los representantes de Podemos y de las candidaturas de izquierdas en todos los tramos de la Administración que puede. En Oviedo, el último ejemplo ha sido la denuncia interpuesta por el exalcalde Agustín Iglesias Caunedo contra Ana Taboada por unas declaraciones al hilo del caso Pokemon, en el que estaba imputado Caunedo por una investigación sobre la posible trama de corrupción en Asturias con la gestión del agua por parte de la empresa Aquagest.
No es, ni mucho menos, el primer caso en el que los populares sienten mancillado su honor por declaraciones o comentarios al hilo de casos judiciales, ante lo cual acuden igualmente a los tribunales a “limpiar” su nombre. Aparte de Caunedo y de las tortuosas informaciones aparecidas sobre Pokemon, el PP de Oviedo, el mismo partido de las operaciones de los palacios que acabaron en los juzgados, o de la compra ruinosa de Villa Magdalena que ha dejado el erario municipal sin fondos, también ha intentado que la Justicia condenara al exconcejal de Economía Rubén Rosón por una supuesta irregularidad en los contratos de la Feria de Muestras, denuncia que quedó en nada. Solo en ruido político amplificado por la instrumentalización de los tribunales, con el que compensar los datos y resoluciones aparecidas alrededor de obras millonarias como el palacio de Calatrava o El Vasco.
Con esta estrategia, constante, se producen circunstancias insólitas, como que “los más de 300 millones despilfarrados en los 25 años anteriores en Oviedo”, en palabras del exalcalde socialista Wenceslao López, no hayan merecido ninguna condena. Mientras que “una decena de concejales del tripartito se enfrentan a 90 años de inhabilitación por autorizar un mercado de productos ecológicos y artesanos”. Todo vale cuando el asalto al poder parece ser lo más importante, más que los proyectos, las inversiones o simplemente rendir cuentas del dinero malgastado o desaparecido.
En ese sentido, el Partido Popular también utiliza la denuncia judicial cuando alguna decisión administrativa no es de su agrado, caso de lo sucedido con las canteras, uno de los negocios que más han auspiciado los concejales de la derecha desde los tiempos de Gabino de Lorenzo, a pesar de sus evidentes problemas medioambientales. Cuando el exconcejal de Urbanismo Nacho Fernández del Páramo revisó la licencia de cantera de Priorio, el PP rápidamente asomó la denuncia.
Ejemplos como estos hay por doquier, y se pueden constatar también en el ámbito nacional. Sin ir más lejos, Pablo Casado acaba de denunciar la candidatura de Pablo Iglesias en la Comunidad de Madrid por considerar que vulnera la normativa electoral. Y, a la par, su partido encara dos años donde decenas de sus militantes y directivos se sentaran en numerosos banquillos. La Justicia, cuando la usa la política, suele tener siempre dos caras.