El Ayuntamiento de Oviedo privatizó el abastecimiento del agua en 1996, con un formato de contrato multimillonario de los que extendió entonces Gabino de Lorenzo a muchos servicios públicos básicos: concesión por 50 años, medio siglo. El importe es tan elevado que ningún gobierno en ese tiempo dispone de margen para anularlo o casi para cambiarlo en profundidad. La beneficiaria del servicio de aguas es Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), a través de la empresa Aqualia, de la que posee la mayoría accionarial. Desde 1996, las irregularidades han sido frecuentes y el contrato, uno de los más caros para las arcas municipales. En 2018 ya había duplicado su coste con respecto al primer año. En la última revisión, además, los técnicos municipales han descubierto que Aqualia lleva años cobrando al Consistorio por servicios, gastos e inversiones que no realiza.
El sistema de pago de la privatización es de por sí un galimatías, que cuenta con un canon fijo —una cantidad base— más otro variable, que depende de refuerzos de abastecimiento o renovaciones de infraestructuras. Tras el incendio del edificio de Uría, 58 en 2016, los técnicos municipales recuperaron documentación antigua del contrato —para aportarla a la investigación del siniestro— y descubrieron que Aqualia había pasado facturas erróneas al Ayuntamiento durante al menos los años 2017 y 2018. La empresa había cobrado al menos 1,42 millones de euros de forma irregular por todo tipo de conceptos: abastecimiento de fuentes que ya no existen, como la de Longoria y Carbajal y Buenavista; por compras de agua de refuerzo a Cadasa que no se realizaron; por depuradoras que no se usan; o hinchando otros conceptos de la liquidación. Para tener una perspectiva de qué suponen 1,42 millones de euros para las arcas públicas, basta comparar con el último dinero dedicado por el Ayuntamiento a becas escolares (después de recortar dicha partida): 2,4 millones de euros anuales.
El jefe del servicio de Infraestructuras señalaba la necesidad de que la concesionaria del agua compensara a la Administración local por sus malas prácticas, cuyo alcance podía ser mayor de afectar a más anualidades, y a otros conceptos económicos por revisar. El Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, sin embargo, pactó con la empresa una cantidad menor, 800.000 euros, por los ejercicios conjuntos de 2017 y 2018, sin sanción por lo sucedido ni revisión de los incumplimientos a fondo. A pesar de las críticas de la oposición municipal, el vicealcalde y concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, no ofreció más explicaciones.
Los técnicos de Infraestructuras, no obstante, al ver lo sucedido, decidieron revisar también la liquidación que el Ayuntamiento había aprobado y pagado ya correspondiente al año 2016. Y encontraron, de nuevo, más irregularidades. En total, hasta diez conceptos que incluían sobrecostes sin justificar, casi todos coincidentes con los ejercicios ya revisados (fuentes, depuradoras, canon de vertidos, contadores…). El importe que Aqualia había cobrado de más al Ayuntamiento en 2016 ascendía a 550.210 euros.
El informe firmado por el técnico Ignacio Ruiz-Latierro señala que, al comunicar la situación a la empresa, se “inicia un periodo de manifiesta beligerancia por parte de FCC-Aqualia, que lleva a la apertura de numerosos expedientes y a mantener varias reuniones con el concesionario a fin de aclarar tales discrepancias”. La empresa apelaba a que el contrato justificaba lo sucedido.
El informe, fechado el 11 de diciembre del año pasado y rubricado inicialmente por la Concejalía del área, fue sin embargo ignorado por el Gobierno local cinco días después. La propia documentación municipal subraya que «la Junta de Gobierno local paralizó su aprobación» el 16 de diciembre. Sin explicación. La coalición PP-Ciudadanos aparcó el tema a pesar de los requerimientos continuados de Somos y PSOE.
La portavoz de Somos, Ana Taboada, lleva meses advirtiendo de que “hemos estado pagando a Aqualia el agua a precio de oro, y gracias a nuestra insistencia tras el incendio de Uría, se ha destapado el robo continuado de la empresa». La concejala urge la aprobación del requerimiento del medio millón de euros correspondiente a 2016: «Si ha prescrito por la negligencia del bipartito, serán ellos los que tendrán que hacer frente al daño causado a las arcas públicas. Que respondan de su bolsillo». También reclama que el Gobierno local realice «una valoración jurídica de las interpretación correcta del contrato, los daños causados y las consecuencias durante estos 25 años».