Las escuelas rurales, da igual si tienen consideración de rurales agrupadas (CRA) o de Colegios Públicos (CP), juegan con una ventaja frente a las urbanas: una menor ratio de alumnado que redunda en una mayor atención a éste teniendo en cuenta que no es lo mismo trabajar en un aula con 10 menores a uno con 25. Pero la gran desventaja es el recorte de servicios a los que se pueden ver abocados, como puede ser el comedor o el transporte, y que las familias acaben optando solo por centros urbanos o, incluso, por colegios concertados, con un mayor horario conciliador.
¿Que los centros de zonas urbanas se pueden encontrar con los mismos recortes? Cierto. Pero el problema es cuando vives en una zona rural, donde las comunicaciones no son iguales que poder cruzar una calle sin más y donde te separa una distancia de más de 1,5 kilómetros al colegio (y no en línea recta, que nadie va monte a través en rutina diaria salvo por práctica deportiva). Aquí las familias necesitan un transporte y un servicio de comedor que les equipare al resto, por ejemplo para que los menores puedan disfrutar en igualdad de condiciones de las actividades extraescolares, si no todas, parte de ellas según estén organizadas por horario.
O cuando sí o sí tus hijas e hijos tienen que quedarse a comer en el colegio porque el transporte no sale según acaba el horario lectivo (o sí, y entonces las opciones conciliadoras se ven reducidas cuando te llega, por poner un ejemplo, junio y septiembre) y, cuando gozabas de algún tipo de beca, de repente te encuentras que, de golpe y porrazo, tienes que pagar la diferencia como resultado de la subida de precios que la empresa concesionaria, en un cambio de contrato, ha decidido duplicar, como es el caso del Colegio Público Narciso Sánchez de Olloniego.
Allí el menú del comedor costaba 3,53€ al día cuando el servicio lo prestaba La Productora, ahora pasa a 6,86€ por decisión de la nueva concesionaria, Serunión. A falta de dos meses escasos para el fin de curso las familias se encuentran con este cambio de precio y tienen que ser ellas las que asuman la diferencia porque ni Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu ni Consejería de Educación lo van a hacer. A rebufo de esta subida nuevas concesiones en estas extrañas fechas en otros colegios también han incrementado el precio del menú, como en las Escuelas Blancas, ubicadas en la capital, también ha subido los precios, pasando a 4,41 €.
¿Por qué la diferencia de precio? Porque son empresas diferentes. Porque las licitaciones salen por lotes y se marcan unos precios tope que se ganan en concurso. Porque los costes (alimentos, sueldos…) son repercutidos entre el alumnado, y cuanto menos haya, más cuesta. Por eso un cole rural paga más que un cole urbano masificado. Y por eso nos encontramos situaciones como que un menú escolar diario pueda costar tanto casi como el menú del día en el bar de la esquina.
La pregunta es cómo Consejería puede contemplar estos precios cuando el comedor escolar no es un servicio de lujo, sino que se incardina dentro de un efecto dominó que afecta directamente a la universalidad gratuita de la educación como derecho fundamental, y que atañe a los principios de igualdad de oportunidades de los menores independientemente de que vivan en una zona rural o urbana: esto es actividades extraescolares, conciliación familiar, hacer atractivas las zonas rurales para fijar población (un tema tan vigente en la actualidad). Pero sobre todo, el acceso universal y gratuito a la educación.
¿Qué familia se puede permitir comer todos los días fuera de casa? Ya no sólo por la subida espectacular en el caso de Olloniego, sino también porque en ocasiones hay más de un menor por casa.
Esto ha llevado a que las familias, además de organizar una campaña de protestas con concentraciones delante de la Xunta Xeneral del Principado, hayan optado por sacar a sus hijas e hijos del comedor, lo que afecta a sus mecánicas de conciliación de un día para otro. En el caso de Olloniego, un colegio “con 82 alumnas y alumnos en este curso, el 60% son usuarios de este servicio”, afirma uno de los padres afectados, Enrique Suárez. Ante la subida inminente (de hecho las familias fueron avisadas con posterioridad del incremento del coste, con lo que generaron ya una deuda, según explica Suárez), muchas familias han optado por dejar el comedor, incluso las que tenían concedida la beca en la cuantía que fuera, porque se ven obligadas a asumir la diferencia. “De ese 60% ya lo han dejado el 20%”, añade.
Tan sólo no se ven afectados, de momento, el alumnado desplazado o transportado: aquel que va en autobús al colegio por vivir en otros pueblos. Esta diferencia la asume por ahora Consejería porque es quien les cubre el servicio de comedor y transporte, pero a largo plazo también se pueden ver afectados, como explica María José González, presidenta del AMPA, puesto que “no interesa sacar un servicio para 20 comensales”.
Las familias también destacan que en el anterior contrato cuyo precio era superior a los 3,53€ por día, el alumnado contribuyente (el no desplazado) pagaba este cifra más baja por un acuerdo no formal entre la empresa concesionaria y Consejería, que sí pagaba el total del precio por el alumnado desplazado.
Otro daño colateral es que esta decisión también afecta a las propias trabajadoras, llamadas a ERTE por la reducción de ratio del alumnado usuario de los comedores. “Como trabajadoras también nos afecta porque la bajada de comensales en el comedor porque supone que se pueda prescindir de personal, que se nos rebajen horas. Y nos comunicaron que podíamos tener un ERTE, aunque de momento no sabemos cómo está la situación, pero podríamos perder nuestros puestos de trabajo”, explica Amaya Suárez de la Fuente, una de las trabajadoras.
Cuando se habla de educación pública de calidad, también se habla de todos estos aspectos que orbitan alrededor de la prestación del servicio, es decir, que es un efecto dominó que afecta más allá de los usuarios de un comedor en un cole rural en cualquier parte. “Creemos que hay que defender la escuela rural por encima de todo. Es una escuela de calidad, una escuela que fija población y que garantiza que los menores puedan estar en igualdad de condiciones en la zona rural igual que en la zona urbana. Necesitamos que ambas administraciones, Consejería de Educación y la Concejalía Delegada de Educación, se pongan las pilas y se coordinen para evitar esta subida que afecta de manera exponencial a las familias y que ahora mismo no pueden asumir”, denuncia la concejala de Somos Oviedo/Uviéu Ana Taboada.
Hay que tener seriedad cuando se habla de apostar por lo rural: Si se pretende atraer población a los núcleos rurales habrá que ofrecer en ellos servicios públicos de calidad, como la educación, el transporte, los servicios médicos (incluyendo, como no podía ser de otra manera, la pediatría), bibliotecas, centros culturales… atendiendo siempre a unos mínimos, a veces demasiado exiguos que no facilitan en nada la vida en estos lugares.
Las familias esto lo tienen claro. “Lo que está ocurriendo es algo nefasto. Es un colegio que funciona como un CRA. Se entra a las 9.30, muy tarde precisamente por el transporte y se sale tarde por eso, y hay comedor para asegurar que a las 3 de la tarde no estén sin comer. Es un servicio con el que estamos muy satisfechos, con cocina propia y que nos permite conciliar”, destaca Enrique Suárez.
Perder el servicio de comedor supone un efecto en cadena que “repercute en el atractivo del colegio para que otras familias vayan al rural a vivir y permita conciliar con el trabajo. Es un riesgo muy grande que cierren el comedor y que haya una serie de efectos colaterales como que disminuyan las actividades extraescolares y acaben cerrando el colegio y deprima la zona”. Además del “miedo a que la gente que no puede pagar, al sacarlos del comedor pierdan la beca para el año que viene”, relata Enrique Suárez.
María José González recuerda que en los meses de junio y septiembre el Narciso Sánchez no tiene comedor “para nadie”, lo que dificulta la conciliación y destaca que “este problema, el del comedor en general con todo lo que supone alrededor, no es sólo de las familias afectadas, sino que nos acaba afectando a todos. ¿O al final tenemos que acabar todos hacinados, como ocurre en el Instituto de La Corredoria?”.